«Aquí ni siquiera se ha llamado bandido a nadie»: el Escambray

21 de septiembre de 2026 ·  Historia de Cuba

Serie «Historia de Cuba» · Temporada 2, episodio 2

El 1 de enero de 1959, en Santiago de Cuba, Fidel Castro habló del dictador que acababa de huir y de la diferencia entre aquel gobierno y el suyo. La versión taquigráfica oficial recoge la frase:

«¡Al guapo, al hombre soberbio que no pronunciaba un solo discurso si no era para llamar cobardes, y miserables y bandidos a todos los demás! Aquí ni siquiera se ha llamado bandido a nadie, aquí no reina ni se respira el odio, la soberbia ni el desprecio, como en aquellos discursos de la dictadura».

Hoy, en Trinidad, hay un museo del Estado cubano que se llama Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos, abierto en 1984. EcuRed, la enciclopedia del Estado, tiene una entrada titulada «Lucha contra bandidos» que empieza así: «es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en Cuba y que duró desde 1959 a 1965». Hay un Día del Combatiente de la Lucha Contra Bandidos, el 18 de octubre. Y hay una sigla, LCB, que fue el nombre de una sección militar.

Entre aquella frase y este museo hubo una guerra en las montañas del centro de Cuba. Lo dijo así el propio Raúl Castro, el 11 de abril de 2015, delante de los presidentes de América reunidos en Panamá: «Seis años de guerra contra grupos armados que en dos ocasiones abarcaron todo el país. […] Miles de vida nos costó ese proceso». Seis años de guerra, dice el jefe del ejército que la ganó. En Cuba, esa guerra no se llama guerra. Se llama «lucha contra bandidos».

Este episodio va de eso, pero sobre todo va de la palabra. Porque la palabra no estaba al principio. Llegó después, y llegó de un sitio muy concreto: del organigrama militar.

Lo que fue

De 1959 se sabe poco. El Escambray solo se convirtió en un problema a mediados de 1960, cuando se alzaron hombres que habían peleado contra Batista y campesinos que habían apoyado a la guerrilla contra él. Lo escribió la embajada de Estados Unidos en La Habana el 6 de diciembre de 1960, en un despacho al Departamento de Estado hoy desclasificado. Del año anterior dice solo que «al parecer, algunos elementos ex Batista se refugiaron en las montañas poco después de la victoria de Castro»; de 1960 dice que la sierra «no adquirió importancia como centro de oposición hasta mediados de este año, cuando elementos revolucionarios desertaron y se fueron a las lomas». Los grupos, dice, parecen haberse formado «de manera independiente» (independently), y lo que hay es «un conjunto de bandas que operan por su cuenta, sin coordinación central, sin un sistema adecuado de suministro y sin medios de comunicación satisfactorios».

Dos meses antes, el 20 de octubre de 1960, el director de la CIA le había dicho al Consejo de Seguridad Nacional lo mismo con números: «hay unos 1.000 guerrilleros en las montañas del Escambray. Están mal armados y tienen provisiones insuficientes, pero su peor problema es la falta de unidad y de líderes populares eficaces». Guerrilleros, escribe el acta.

Ellos se llamaban a sí mismos otra cosa, y lo sabemos por el propio Castro. El 23 de enero de 1961 leyó en público, como prueba de cargo por el asesinato del maestro Conrado Benítez, un acta de los alzados que terminaba así: «se firma la presente en un lugar del Escambray, a los cinco días del mes de enero de 1961. Firmado: capitán ayudante Merejo Ramírez, Ejército de Liberación Nacional». Ejército de Liberación Nacional. Esa era su palabra.

El historiador Jonathan C. Brown, de la Universidad de Texas, trabajó con los papeles del propio mando de la Lucha Contra Bandidos y con los de la CIA para un estudio de 2017 que se puede leer entero en línea. Sus cuentas: en el Escambray operaron 177 bandas entre septiembre de 1959 y julio de 1965, casi todas por poco tiempo; en toda la isla, cerca de 300. Tomaron las armas unos 2.000 hombres en el Escambray, con al menos 6.000 colaboradores. La rebelión, escribe, no salió de la explotación en las plantaciones, sino de la transformación acelerada de las relaciones sociales en el campo: la reforma agraria primero les dio tierra a muchos campesinos y después empezó a decidir por ellos. Y remata: «No, no eran meros bandoleros. Estos rebeldes eran alzados», la palabra que en Cuba se usó primero para los esclavos que huían a las montañas y después para los hombres de Martí y de Maceo.

La palabra que llegó después

Los discursos de Fidel Castro entre 1959 y 1966 están publicados por el propio gobierno en su archivo taquigráfico. Los dos investigadores que prepararon este episodio los recorrieron uno a uno buscando la palabra, y el resultado es el mismo.

En 1960 los alzados eran otra cosa en su boca. El 8 de septiembre habla de un «grupito de guerrilleros» y de «grupitos de alzados». Cuando dice «bandidos» ese año, está hablando de Estados Unidos: «los bandidos del Pentágono yanki», el 14 de diciembre.

El 28 de enero de 1961, en Santa Clara, en el discurso donde más habla del Escambray, no los llama bandidos ni una vez. Los llama bandas contrarrevolucionarias, esbirros, aventureros, y les pone un mote: «no fueron allí a combatir contra los soldados de la tiranía, sino a comer vacas en la Sierra del Escambray». De ahí sale «comevacas», que repite en el mismo acto, y la taquigrafía anota las risas.

La palabra oficial aparece más tarde, y aparece como nombre de una unidad militar. El 3 de julio de 1962, según EcuRed, el comandante Juan Almeida «hace oficial la creación de la Sección de Lucha Contra Bandidos (LCB)». Primero existió la sección. Después la palabra se volvió categoría. El 27 de junio de 1963, con la sección funcionando, Castro dice en público: «surgieron los batallones de lucha contra bandidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (APLAUSOS), que los han ido limpiando paulatinamente de nuestros campos […] y no quedará una sola banda, no quedará un solo bandido».

Cuando le conviene, vuelve a la otra palabra. El 26 de julio de 1965, al dar la guerra por terminada, dice que el imperialismo aprendió que «las guerrillas contrarrevolucionarias no pueden prosperar». Guerrillas. Y en 1966 «bandidos» ya es liturgia: «negarlo es negar a los muertos luchando contra los bandidos en el Escambray (APLAUSOS)».

Brown lo explica así: los dirigentes «desenterraron la palabra bandido», el término con el que los españoles difamaron a los rebeldes de la guerra de independencia y con el que Batista describía a los guerrilleros de Castro. Un alzado es alguien que se levanta por algo. Un bandido es un delincuente. La diferencia no está en lo que hicieron, sino en lo que se permite pensar sobre lo que hicieron.

La ley, sin embargo, nunca dijo «bandidos». La Ley 988 de 1961, que trajo la pena de muerte, habla de los que «organizaren o formaren parte de un grupo armado». La palabra vivió en los discursos, en el nombre de la tropa y en la prensa. Y sigue viviendo: la enciclopedia del Estado describe hoy a los alzados como «despóticos ex mayorales de la zona, u otras gentes de igualmente baja estofa enviados por los Estados Unidos», y Granma escribió en 2017 que «el término “bandidos” fue el nombre que les dio el propio pueblo». Las taquigrafías del propio gobierno cuentan otra historia: el nombre lo puso el ejército, en 1962, y el pueblo lo oyó después.

La limpia y la ley de las 48 horas

Para acabar con aquello, el gobierno hizo lo que en Cuba se conoce como la Limpia del Escambray y en los papeles militares se llama Operación Jaula. La web del Ministerio de las Fuerzas Armadas lo contaba con orgullo: «Ochenta batallones de las Milicias Nacionales Revolucionarias salieron rumbo al Escambray, unos 60 mil obreros y campesinos de todo el país». Las demás cifras oficiales no cuadran con esa ni entre sí: la demanda de 1999 habla de «40 mil obreros, trabajadores y estudiantes de la capital» más las fuerzas locales; el propio Castro dijo dos veces «50 000 hombres», en 1963 y en 1965; el periódico Escambray da «más de 70 mil hombres», y EcuRed sube a «más de 100 000 efectivos» si se cuentan los seis años enteros. Contra unos cientos de alzados.

Castro explicó el método en Santa Clara, en enero de 1961: «están cercadas en amplio cerco, es decir que se ha tendido alrededor de ellos el cordón donde tendrán que chocar si intentan escapar. Pero no solo eso, una vez establecidos los cordones, batallones de milicianos, especialmente entrenados, avanzan sobre ellos en el interior de los cercos». Y dio el objetivo: «no se moverá nadie del Escambray, mientras quede un solo contrarrevolucionario».

Los primeros jefes ya habían sido fusilados. En la noche del 12 al 13 de octubre de 1960, en el campamento de milicias de La Campana, en Manicaragua, fusilaron a cinco hombres juzgados en la misma causa: Plinio Prieto, Sinesio Walsh, José Palomino, Ángel Rodríguez del Sol y Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas y antes capitán del Ejército Rebelde. Lo publicó la prensa de fuera al día siguiente: hay un cable de agencia en un periódico de Montevideo del 14 de octubre. Las cronologías oficiales cubanas de hoy cuentan la captura y omiten el fusilamiento: EcuRed abre la lucha contra bandidos con el combate del 7 de septiembre de 1960 en que «se capturó a Sinesio Walsh», y Granma repitió la frase en 2025; en ninguno de los dos textos aparece la palabra fusilado.

El 28 de noviembre de 1961, en la clausura de un congreso obrero, Castro dijo de los capturados en la Limpia: «en unas pocas semanas cerca de 500 contrarrevolucionarios fueron capturados. Y, sin embargo, ni uno solo ha sido llevado a juicio, ni uno solo ha sido fusilado». Hablaba de los capturados en esa operación concreta. Pero cuando lo dijo, Archivo Cuba, el proyecto que documenta caso por caso las muertes por motivos políticos en Cuba, tiene registrados con nombre, apellidos y fecha 32 alzados del Escambray fusilados antes de esa noche, 24 de ellos en 1961. No se puede afirmar que estuvieran entre los quinientos. Se puede poner la frase al lado de la lista.

Y la frase era el preámbulo de otra cosa. En ese mismo discurso anunció que al día siguiente propondría la ley al Consejo de Ministros: «todo individuo que sea capturado en armas, es decir, alzado contra la Revolución, independientemente de que sea jefe o soldado de fila, ¡aplicarle, sin otra alternativa, inexorablemente, la pena capital! […] de manera que en término no mayor de 48 horas se cumplan las sentencias». La taquigrafía anota aplausos y gritos de «¡Paredón!». Añadió: «¡Y frente al terror contrarrevolucionario aplicar, en la medida que sea necesario, el terror revolucionario!». Y para los campesinos que les dieran de comer: «¡que sepan que pierden la finquita!».

La Ley 988 salió en la Gaceta Oficial del 30 de noviembre de 1961. Su texto lo reprodujo la Comisión Internacional de Juristas en un informe de 1962: pena de muerte, «mientras por parte del imperialismo norteamericano, persista la amenaza de agresión desde el exterior o la promoción de actividades contrarrevolucionarias en el país», para «los que para cometer cualquiera de los delitos contra los poderes del Estado, organizaren o formaren parte de un grupo armado». Formar parte. No hacía falta haber disparado. Y el artículo 2 puso la finquita por escrito: confiscación de bienes a los «propietarios que faciliten abastecimiento, albergue o de cualquier forma colaboren con o encubran a los saboteadores, terroristas, asesinos, grupos armados o elementos contrarrevolucionarios de cualquier índole».

La prensa oficial cuenta hoy que aquella ley fue otra cosa. El periódico Escambray escribió en 2019 que la Ley 988 «establecía la aplicación de la pena de muerte por fusilamiento para los responsables de crímenes». El discurso que la anunció decía «jefe o soldado de fila».

Manacas de Iznaga, una de la madrugada

En 1970 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre los presos políticos en Cuba. Entre las denuncias que transcribe hay una sobre «veintiún presos políticos de la llamada “Causa Escambray”» que llevaban tres años en Isla de Pinos, fueron llevados una mañana a Santa Clara para un juicio y salieron todos condenados a muerte: «el fusilamiento fue con ametralladoras a medida que iban bajando de un camión».

Esa denuncia se equivoca en tres cosas, y lo sabemos porque hay un sobreviviente que lo contó. La propia Comisión afinó la denuncia en su informe de 1976: ya dice «más de dos años» de presidio, sitúa el lugar en «Torre de Iznaga» y da doce nombres, aunque sigue diciendo que no hubo juicio. Aldo Chaviano Rodríguez, que pasó veintiséis años preso, publicó su testimonio en 2013: «Nos habían trasladado a 23 presos políticos del Presidio de Isla de Pinos, donde habíamos permanecido cerca de dos años. Era el 12 de julio de 1963». El juicio fue junto a la torre vieja de Iznaga, en Manacas de Iznaga, entre Sancti Spíritus y Trinidad: «Al final, la sentencia: 19 condenados a pena de muerte por fusilamiento y dos a 30 años de cárcel. La apelación duró pocos minutos». Y el final: «Aproximadamente a la 1:00 a.m. del 13 de julio de 1963, bajaron a los condenados a muerte, los iluminaron con las luces de los camiones de transporte militar, llamaron a Nando Lima, Zacarías García y a Roberto Montalvo y los ametrallaron».

Archivo Cuba tiene al menos doce fichas de fusilados con esa fecha en el Escambray, nueve de ellas en la finca Puerta del Médico; entre ellas están Zacarías García López y Roberto Montalvo Cabrera, dos de los tres hombres que el testigo nombra. Es decir: no fue en Santa Clara, sino en Manacas de Iznaga; no llevaban tres años presos, sino cerca de dos; y no murieron todos, porque el hombre que lo cuenta salió vivo. Lo que la denuncia tenía bien es lo esencial: los bajaron de un camión y los ametrallaron de madrugada.

«Mercenarios de la CIA», según la CIA

La versión oficial dice que los alzados eran bandas organizadas, armadas y pagadas por la CIA. En 1999, en la demanda del gobierno cubano contra Estados Unidos, se les llama «3.995 mercenarios». Los papeles desclasificados de Estados Unidos permiten medir esa frase.

Lo primero es lo que juega a favor del relato oficial: el plan de apoyarlos existió. El informe del inspector general de la CIA sobre la operación de Cuba, escrito en 1961 y clasificado entonces Top Secret, recoge que el programa que Eisenhower aprobó el 17 de marzo de 1960 incluía una pequeña fuerza paramilitar «que se introduciría en Cuba para organizar, entrenar y dirigir grupos de resistencia». El jefe paramilitar de la operación, el coronel Jack Hawkins, afirma en una historia interna fechada el 5 de mayo de 1961, desclasificada en 2024, que armas entradas por mar sirvieron para «equipar parcialmente a una fuerza guerrillera de 400 hombres» en el Escambray. Y desde el otoño de 1960 hubo aviones lanzando carga en paracaídas.

Lo segundo es lo que pasó con esos aviones, contado por la propia CIA en el mismo informe:

Lo que dice el documento

«6. La Agencia registró esta operación como “exitosa” porque la carga llegó de verdad a la gente a la que iba destinada. Hubo cuatro “éxitos” así en total, de 30 misiones voladas hasta el 21 de abril de 1961. (El presupuesto del año fiscal 1961 preveía 105 lanzamientos aéreos.) […] 8. Los tres lanzamientos de carga que se sabe que tuvieron éxito se hicieron todos en la provincia de Pinar del Río. Es decir, prácticamente todos los suministros fueron a una pequeña zona del occidente de Cuba. Se cree que llegaron pequeñas cantidades a Camagüey y Oriente, pero ninguna a Matanzas ni a La Habana. Al Escambray se volaron diez misiones a petición de un agente que no tenía entrenamiento en recepción aérea. Dos veces no se lanzó la carga porque no se localizó la zona de lanzamiento, y una vez el avión dio la vuelta por mal tiempo. En las siete ocasiones en que se lanzó la carga, la recuperaron, toda o en gran parte, las fuerzas de Castro. Tres veces la carga se lanzó a ciegas, tres veces en el lugar equivocado, y una vez en la zona de lanzamiento cuando el comité de recepción no estaba allí.»

Traducción mía.

Al Escambray se volaron diez misiones. En tres no se lanzó nada; en las siete restantes, la carga «la recuperaron, toda o en gran parte, las fuerzas de Castro». Los únicos lanzamientos que llegaron a su destino fueron en Pinar del Río, en el otro extremo de la isla. Hawkins escribió en ese mismo documento: de 27 misiones intentadas, solo 4 «lograron los resultados deseados», y la CIA «nunca consiguió establecer un enlace directo por radio con ninguna de esas fuerzas». Calcula que en el Escambray operaron «entre 600 y 1.000 guerrilleros mal equipados».

La demanda cubana de 1999 cita ese mismo informe del inspector general, por los doce millones de libras de volantes de propaganda, y pasa de largo el párrafo en que la CIA cuenta que la carga la recogieron las milicias.

Y después de Playa Girón, menos. En enero de 1964, un documento conjunto de la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono resume que la insurgencia y el sabotaje dentro de Cuba «no forman parte de un programa coordinado; son actos de desafío individuales o de pequeños grupos». Y añade una frase que vale para todo este episodio: «casi todo acto de desafío contra su régimen se le ha atribuido a la Agencia».

Las armas americanas que el régimen exhibía eran reales. Eran, en buena parte, las de los paracaídas que cayeron en manos de las milicias: la prueba de la ayuda extranjera era justamente la ayuda que nunca llegó. Brown concluye que la responsabilidad de la CIA en la rebelión del campo «parece exagerada», porque los alzados estaban peor armados que las milicias y se alzaron por razones propias. Otros historiadores le dan más peso a Washington. Lo que ningún papel dice, ni a favor ni en contra, es que a aquellos campesinos les pagaran un sueldo.

Las familias

Esta es la parte que menos se conoce, y lo llamativo es que no hace falta el exilio para documentarla. Está en la prensa del régimen.

Granma publicó en 2017 un reportaje sobre «aquella otra guerra», con un combatiente de aquella guerra, asesor de la serie de televisión LCB: La otra guerra, como fuente. Cuenta el «Plan Campesinos 1», de 1961, y el «Plan Campesinos 2», de 1963, que «consistía en cortar la base logística de abastecimiento» de los alzados. Los hombres fueron a construir un pueblo nuevo en Pinar del Río, Sandino, en el otro extremo de la isla; «las mujeres, niños y ancianos se albergaron en una zona especial en Miramar, La Habana», en las casas que habían dejado los que se fueron del país. Y da una cifra que el exilio nunca tuvo: en el Escambray «se confiscaron 8 000 caballerías de tierra». Son más de cien mil hectáreas.

La web oficial Cuba Sí publicó en 2022 una entrevista con el historiador del municipio de Sandino: «Ya para 1963 existían al sur, donde posteriormente se edificó la ciudad, tres campamentos en los que, en situación de detenidos y atendidos por el Ministerio del Interior, se encontraban los jefes de núcleos y algunos hijos mayores de cada familia considerada culpable». Culpable sin juicio, y culpable por familia. El mismo texto llama a aquello «incomprendida, pero necesaria medida revolucionaria». EcuRed da entre las razones de la fundación de Sandino el «Plan de rehabilitación del Ministerio del Interior con familias colaboradoras de alzados».

En enero de 2023 la revista Bohemia entrevistó a Lucy Villegas Oria, que dirigió el plan de las mujeres: «Fue una idea del Comandante […] Decidió traer para La Habana a muchas de aquellas mujeres con sus hijos, que tenían presos a sus maridos por aquellos actos criminales. El objetivo era reeducarlas en el aspecto político y cultural y después irlas ubicando en distintos pueblos». Reeducarlas, y después ubicarlas. Lo cuenta con orgullo, en la prensa oficial, en 2023.

Hubo una tercera oleada, y la fecha importa. En diciembre de 1971, seis años después de que Castro diera la guerra por terminada, volvieron a sacar hombres del Escambray, muchos de ellos excarcelados que habían cumplido su condena y habían regresado a sus casas. Los llevaron en tren a Pinar del Río, a construir pueblos como Briones Montoto y Ramón López Peña; las familias llegaron detrás, a lo largo de años. EcuRed lo dice con sus palabras: «Por decisión del Comité Central del Partido Comunista […] se orientó el traslado del personal de Las Villas, Región Escambray hacia la provincia de Pinar del Río, debido a la participación contrarrevolucionaria que se llevaba en esta zona». Sin juicio, sin sentencia y sin ninguna ley que lo autorizara, que yo haya podido encontrar.

De esa oleada hay nombres, y los dio una revista que se hace dentro de Cuba. En 2009, Convivencia, de Pinar del Río, publicó los testimonios de dos vecinos de López Peña. Jesús Monte: «Un día vinieron y me citaron para aclarar un asunto sobre la legalidad de mi terreno […] A punta de escopeta nos llevaron al ferrocarril, me habían dado una lata de carne y unas galletas y me dijeron que la ahorrara, que era para el viaje. No podíamos ni hablar, vinimos en el tren como ganado». Raúl López, que entonces era un niño: «Recuerdo que mi padre salió un día para una reunión que lo habían citado, pero después no regresó. Mi madre andaba como loca». Son recuerdos contados casi cuarenta años después, y valen lo que vale un testimonio; lo que cuentan coincide con lo que la propia prensa oficial describe como plan.

Cuántas personas fueron, no se sabe. La cifra que más circula, veinticinco mil reubicados en 1963, sale de dos recortes de la prensa del exilio de 1965, El Diario de las Américas de abril y Cuban Labor de agosto, archivados en la colección de un grupo de presión de Washington que hoy guarda la Hoover Institution. No es un archivo: es una estimación de prensa que la academia ha ido heredando, y los historiadores que la repiten la escriben en condicional. Del lado cubano no hay ninguna cifra de conjunto: ni Granma, ni Cuba Sí, ni EcuRed dan un número de familias; lo más que hay es un dato suelto de EcuRed, 300 hombres enviados a construir López Peña en diciembre de 1971. Lo honrado es decirlo así: no sabemos cuántas fueron. Sabemos cómo se hizo, y lo sabemos por ellos mismos.

El exilio llama a aquellos pueblos «pueblos cautivos». En Pinar del Río los llamaban «pueblos de presos», según recoge la historiadora Joanna Swanger. En 2014 Granma publicó un reportaje por los cincuenta años de Sandino: nombra vecinos, cuenta cómo se levantaron las casas y celebra el aniversario. En todo el texto no aparece la palabra Escambray.

Cuántos

Las cifras oficiales han ido cambiando con los años, y ninguna sale de un registro que alguien pueda consultar.

El 26 de julio de 1965 Castro dio sus números para Las Villas: «295 combatientes revolucionarios perdieron la vida […] y fueron capturados en parte, y en parte aniquilados, 2 005 contrarrevolucionarios». Los 295 incluyen, según sus propias palabras, los muertos «en accidentes ocasionados por el propio servicio». En 1999, la demanda contra Estados Unidos ya decía 549 muertos y «299 bandas, que sumaron 3.995 mercenarios». En 2015, Raúl Castro dijo «miles de vida». De fusilados no hay ninguna cifra oficial, y nunca la ha habido.

Lo que sí hay son nombres. Archivo Cuba tenía registradas, el día que consulté su base, 723 muertes ligadas al alzamiento del Escambray, 715 de ellas fechadas entre 1959 y 1971: 563 atribuidas al régimen y 157 a los alzados. De las primeras, 229 son fusilamientos con nombre y fecha; solo 48 tienen el estado «confirmado con fuentes primarias». Es un mínimo documentado, no un total.

Lo que hay que contar aunque no me guste

En este episodio lo incómodo pesa más que en los anteriores, porque los dos bandos mataron y porque una parte de lo que repite el exilio no se sostiene. Va todo.

Los alzados mataron. Archivo Cuba, que es un proyecto del exilio, les atribuye 157 muertes en el Escambray: 140 milicianos y soldados en combate, 16 personas asesinadas fuera de él y una víctima civil de un hecho violento. Entre estas últimas están Conrado Benítez, maestro voluntario de 18 años, ahorcado el 5 de enero de 1961, y Manuel Ascunce Domenech, brigadista alfabetizador de 16 años, ahorcado el 26 de noviembre de 1961 junto a Pedro Lantigua, el campesino en cuya casa daba las clases. Castro anunció la muerte de Ascunce en el mismo discurso de la pena capital: «un joven brigadista alfabetizador, de 16 años de edad, fue asesinado por elementos contrarrevolucionarios». No es solo palabra del régimen. Enrique Encinosa, el historiador de referencia del exilio, escribe en Cuba en guerra que las muertes de Ascunce y Lantigua «fueron contraproducentes y carecían de justificación», y que Ascunce «era menor de edad, alfabetizador, y se encontraba desarmado». Lo que sí es solo versión oficial son los detalles de tortura y mutilación de Benítez: en el discurso de Castro de enero de 1961 aparece ahorcado, sin más; la tortura entra diecisiete años después, en «La confesión de un bandido», publicada en junio de 1978 por Moncada, la revista del Ministerio del Interior; la cita el propio historiador oficial que hoy cuenta el caso. Y las cifras oficiales de personas asesinadas por los alzados bailan según la publicación: Granma dice 196, EcuRed dice 214, Cubadebate dice «más de 200» y Jonathan Brown, resumiendo las estadísticas del propio mando, dice 300. Las tres primeras salen de la misma fuente, Bandidismo: derrota de la CIA en Cuba, un libro de 2008 de la editorial del Ministerio del Interior; uno de sus dos autores, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, firma también el artículo de Granma. La diferencia entre 196 y 214 está en que EcuRed suma los dieciocho alzados que se mataron entre ellos.

El plan de la CIA existió, y ya está dicho arriba. Estados Unidos quiso armar a aquellos hombres, lo intentó y falló. Eso no los convierte en mercenarios, pero tampoco permite contar la rebelión como si Washington no hubiera estado.

Y hay cosas que circulan de nuestro lado y que no aguantan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no documentó los traslados de familias: en sus siete informes sobre Cuba entre 1962 y 1983 no aparecen; lo que transcribe sobre el Escambray son denuncias, y así hay que citarlas. Los «veinticinco mil reubicados» ya dije de dónde salen. Los «3.478 milicianos muertos en el Escambray» que dan dos historiadoras serias no salen de ningún archivo: salen de un libro de Norberto Fuentes de 1968, y de ahí pasaron a la academia. La misma pareja de números, 3.478 muertos y 2.099 incapacitados, es la que el gobierno cubano reclama en la demanda de 1999 por todas las agresiones de Estados Unidos en cuarenta años, Girón y terrorismo incluidos. Sea cual sea el orden en que se copiaron, no son los milicianos muertos en esta guerra; Wikipedia, por su parte, pone 3.500. Los «casi tres mil» muertos del lado de los alzados que da el mismo Fuentes son una sola fuente sin documento, y que fueran «fundamentalmente» fusilados solo aparece en una cita de segunda mano. Los «quinientos fusilados de La Campana» salen de un solo testigo ante la CIDH, y el testigo dice condenados, no fusilados. La denuncia de 345 campesinos fusilados en quince días de junio de 1963 tampoco: en la base de Archivo Cuba, en esa quincena, hay ocho. Todo eso se usa mucho, y mal. Un dato caído a tiempo vale más que un dato dudoso publicado.

La palabra, hoy

La palabra sigue en su sitio. En septiembre de 2025 Granma escribía sobre «los connotados bandidos Luis Vargas y José Rebozo» y sobre «las atrocidades cometidas por los forajidos».

Para los de ahora hay otra palabra, y el propio Estado se encargó de enlazarlas. El 11 de julio de 2021, con las protestas en la calle, Miguel Díaz-Canel dijo en televisión que no iban a admitir que «ningún contrarrevolucionario, mercenario vendido al Gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio» provocara desestabilización, y remató: «¡La orden de combate está dada! ¡A la calle los revolucionarios!». El 23 de noviembre Cubadebate publicó un texto titulado «Mercenarios», firmado por René González Barrios, entonces presidente del Instituto de Historia de Cuba: «A los mercenarios de ayer, y de siempre, se une hoy la escoria delincuencial y despreciable que protagonizaron actos criminales, de vandalismo y violencia, el pasado domingo 11 de julio». Los mercenarios de ayer y la escoria de hoy, en la misma frase. «Escoria» fue la palabra del Mariel.

El Código Penal de 2022 tiene un delito llamado «mercenarismo», en su artículo 135, con penas de diez a treinta años, privación perpetua o muerte; el texto lo define para quien se incorpore a formaciones militares extranjeras. Contra los opositores que reciben dinero de fuera se usa otro artículo, el 143, con penas de cuatro a diez años. Pero la palabra que se dice en la televisión no es la del código: es la del discurso, como en 1963.

Lo que quedó

Quedó un museo en Trinidad. Quedó una efeméride. Quedó la palabra en la enciclopedia del Estado, en los aniversarios de Granma y en una serie de televisión, LCB: La otra guerra. No quedó ninguna lista de los muertos, ni una cifra oficial de fusilados, ni un archivo abierto, igual que con la UMAP. Y quedaron, en Pinar del Río, unos pueblos cuya historia oficial no menciona de dónde vinieron sus primeros vecinos.

Raúl Castro dijo en Panamá que fueron seis años de guerra y que costaron miles de vidas. Es la descripción más honesta que ha salido del poder en Cuba sobre aquello, y la dio ante extranjeros. Dentro de la isla, para los muertos de un lado hay un día del combatiente. Para los del otro hay una palabra.

Jesús Monte llegó a Pinar del Río en un tren, como ganado, y lo contó. A unos el Estado les puso una palabra encima para que no hubiera que explicarlos. A otros no les puso ninguna, que es otra forma de lo mismo.

Siguiente episodio. «Que su padre es un desertor o un traidor»: Huber Matos, Camilo y octubre de 1959: la carta de renuncia de Huber Matos, la palabra «traidor» que llegó en una semana, el juicio y los veinte años, y lo que está documentado y lo que no sobre la desaparición de Camilo.