Serie «Historia de Cuba» · Temporada 1, episodio 1
La madrugada del 13 de julio de 1994, setenta y dos personas salieron del puerto de La Habana en un viejo remolcador. Cuarenta y una murieron esa noche. Diez eran niños.
El Ministerio del Interior lo llamó, por escrito, «el accidente ocurrido a raíz del intento de salida ilegal del país».
Dos años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó el caso, escuchó a los sobrevivientes, le pidió su versión al Gobierno cubano, y escribió esto:
«Las pruebas demuestran claramente que el hundimiento del barco remolcador «13 de Marzo» no fue un accidente sino un hecho premeditado e intencional.»
Este artículo va sobre la distancia entre esas dos frases. Y sobre un hombre al que le pidieron que sostuviera la primera.
Lo que ocurrió
Zarparon sobre las tres de la madrugada. El barco se llamaba «13 de Marzo» y pertenecía a la Empresa de Servicios Marítimos del Ministerio de Transportes.
Ese detalle suele perderse y es el que ordena todo lo demás: el barco en el que huían era del Estado, y los barcos que fueron tras ellos eran de la misma empresa. No fue una persecución militar. Fue una empresa estatal yendo tras su propio remolcador, con gente dentro.
Apenas salieron de la bahía, dos embarcaciones empezaron a seguirlos. A unos cuarenta y cinco minutos de navegación, a siete millas de la costa, en un punto que los marinos llaman «La Poceta», aparecieron otras dos, equipadas con tanques y mangueras.
La maniobra está descrita en el expediente con nombre y apellido de cada barco. El Polargo 2 les cerró el paso por delante. El Polargo 5 los embistió por detrás y les partió la popa. Las otras dos se colocaron a los costados y empezaron a lanzar agua a presión contra la cubierta, que era exactamente donde estaban las mujeres y los niños.
Los sobrevivientes declararon que levantaron a los niños en brazos para que los vieran. Que los iluminaron con reflectores, los vieron, y siguieron.
Una sobreviviente, Janette Hernández Gutiérrez, de diecinueve años, señaló en su testimonio el detalle que ordena la distancia:
«Ellos simplemente nos dejan salir de la bahía y nos atacan a siete millas, donde no hay testigos, que ustedes saben que en el mar abierto no hay testigos.»
Muchos de los que murieron no se ahogaron en mar abierto. Murieron porque la presión del agua los empujó a refugiarse en el cuarto de máquinas, y de ahí ya no salieron.
Cuando el remolcador se fue al fondo, los cuatro barcos siguieron lanzando chorros de agua sobre las personas que nadaban. No recogieron a nadie: les dijeron que nadaran hacia los guardacostas.
Declararon también los sobrevivientes que siempre hubo un guardacostas observando la situación sin hacer nada al respecto, y que los tripulantes de los barcos que los perseguían iban vestidos de civil.
Sobrevivieron treinta y una personas.
Lo que dijo el Estado
En marzo de 1995, la Sección de Intereses del Gobierno de Cuba contestó a la Comisión. No mandó una investigación propia, ni un peritaje, ni un informe forense. Mandó dos cosas: una copia de una intervención de Fidel Castro ante los medios cubanos, y un comunicado del Ministerio del Interior.
El comunicado sostenía que hubo una colisión entre el remolcador y otro barco de la misma empresa que trataba de capturarlo. Que existía un reporte previo según el cual el «13 de Marzo» ya tenía agujeros, que los fugitivos lo sabían y que «irresponsablemente» no lo repararon. Que fueron tres las embarcaciones que intentaron interceptarlo. Que dos guardacostas acudieron de inmediato en labores de rescate. Y que si solo se salvaron treinta y una personas fue por el estado del mar.
Terminaba con una frase que hay que leer despacio: «El principal líder ha sido encarcelado».
Es decir: aquella madrugada murieron cuarenta y una personas, y de los que salieron vivos del agua, uno fue a la cárcel.
| Lo que dijo el Ministerio del Interior Comunicado remitido en marzo de 1995 |
Lo que estableció la Comisión Informe Nº 47/96, octubre de 1996 |
|---|---|
| Hubo una colisión con otro barco que trataba de capturarlo. | El hundimiento no fue un accidente sino un hecho premeditado e intencional. |
| El remolcador ya tenía agujeros y los fugitivos «irresponsablemente» no los repararon. | Un sobreviviente declaró que no entraba agua por ninguna parte, y que el Gobierno lo presionó para que dijera lo contrario. |
| Fueron tres las embarcaciones que intentaron interceptarlo. | Fueron cuatro, dos de ellas identificadas: el Polargo 2 y el Polargo 5. |
| Dos guardacostas acudieron de inmediato en labores de rescate. | Los cuatro barcos siguieron lanzando agua sobre quienes nadaban y no recogieron a nadie. |
| Si solo se salvaron treinta y una personas fue por el estado del mar. | Murieron cuarenta y una personas, diez de ellas menores de edad. |
El hombre al que le pidieron que mintiera
Toda la versión oficial descansa sobre un solo punto. Si el barco hacía agua desde que zarpó, entonces se hundió solo y lo que hubo fue una desgracia. Si no hacía agua, se hundió porque lo hundieron.
Arquímedes Venancio Lebrigio Gamboa sobrevivió. Y declaró ante la Comisión Interamericana que el Gobierno cubano lo presionó para que dijera exactamente eso: que el remolcador hacía agua desde el principio.
Declaró que no era cierto. Que cuando el barco zarpó él iba en la zona baja de la embarcación y pudo comprobar con sus propios ojos que no entraba agua por ninguna parte. Que subió a cubierta y vio cómo los embestían por la proa y por la popa. Y que cuando los perseguidores les gritaban que el remolcador se hundía, ellos contestaron que no, que si querían llegaban hasta la China.
Arquímedes Lebrigio perdió un hijo aquella madrugada.
Nunca le entregaron el cadáver.
Un hombre en esa situación, con un hijo bajo el agua y un cuerpo que el Estado retiene, tiene todas las razones del mundo para decir lo que le pidan. Fue a un organismo internacional y dijo lo contrario.
Ahí está, para mí, el centro de este caso. No en la crueldad de la noche, que ya es bastante. En lo que vino después: alguien necesitaba que aquello se llamara accidente, y fue a buscar a un padre roto para que lo firmara.
Cuántos murieron, y por qué las cifras no coinciden
Aquí hay que ser preciso, porque si buscas este caso vas a encontrar números distintos, y hay que saber por qué.
Vas a leer 41, vas a leer 40, vas a leer 37, y en el informe de Amnistía Internacional de 1997 vas a leer «al menos 35». He visto un mismo artículo de prensa titular con 37 y citar 41 tres párrafos más abajo. También vas a encontrar quien diga que iban 68 personas a bordo y no 72.
No es que unos mientan y otros no. Es que se está contando cosas distintas.
El expediente de la Comisión Interamericana habla de 41 muertos, y al listarlos nombra a 37 e indica que hubo «cuatro víctimas más que no pudieron ser identificadas». De ahí salen los dos números que más circulan: 41 es el total, 37 son los que tienen nombre.
Amnistía Internacional, que trabaja con un umbral de verificación propio y muy estricto, habló en 1997 de «al menos 35». No es una cifra menor: es una cifra mínima.
En este blog uso 41, y las razones son estas: es la cifra de un expediente formal, la que resultó de un procedimiento con las dos partes convocadas, y la única que va acompañada de la lista nominal. El Estado cubano tuvo tres meses para rebatirla y no lo hizo.
Y digo esto también por otro motivo. Cuando se denuncia a una dictadura, la tentación de redondear hacia arriba está siempre ahí, y es exactamente lo que necesitan para desacreditarte. Cuarenta y uno es suficiente. No hace falta ni uno más.
Lo que resolvió la Comisión
El Informe Nº 47/96, caso 11.436, aprobado el 16 de octubre de 1996, concluyó que el Estado de Cuba es responsable de tres violaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
Del derecho a la vida de las 41 personas que murieron. De la integridad personal de las 31 que sobrevivieron, por el trauma. Y del derecho de tránsito y del derecho a la justicia de las 72 que intentaron irse.
Y recomendó tres cosas concretas: investigar y sancionar a los responsables, recuperar la embarcación y entregarles los restos a las familias, e indemnizar a sobrevivientes y familiares.
Lo que pasó después
Nada.
La Comisión aprobó primero un informe confidencial y se lo mandó al Gobierno cubano en mayo de 1996, con tres meses de plazo para responder. El Gobierno cubano no respondió.
Tampoco había mandado representante a la audiencia de septiembre de 1995, aunque fue invitado. A esa audiencia sí fueron dos sobrevivientes, a contar lo que vieron, delante de una silla vacía.
El informe se publicó precisamente por eso: porque el Estado ni cumplió las recomendaciones ni contestó.
Treinta y dos años después, nadie ha sido procesado. El remolcador sigue en el fondo del mar. Las familias siguen sin los restos.
A nadie procesaron. A los sobrevivientes sí
Aquí el expediente de la Comisión se queda corto y hay que ir a otro sitio. Amnistía Internacional documentó en 1997 qué fue de la gente que salió viva del agua, y no es lo que uno esperaría de unas víctimas.
Veinte de los hombres que sobrevivieron fueron detenidos. La mayoría pasó alrededor de un mes preso antes de quedar en arresto domiciliario. Amnistía los nombra uno a uno, y en esa lista hay un nombre que ya has leído: entre los detenidos estaba Arquímedes Lebrigio Gamboa.
Léelo otra vez. Al hombre al que le pidieron que mintiera, al que nunca le entregaron el cadáver de su hijo, además lo detuvieron. Y aun así fue a un organismo internacional a decir lo contrario de lo que el Estado necesitaba oír.
Un apunte, porque este artículo vive de que puedas comprobarlo. El expediente escribe este apellido de dos maneras: Lebrigio en el cuerpo del informe y en las listas sin edades, y Lebrijio en las dos listas que sí traen edades. Amnistía Internacional lo transcribe de una tercera forma, «Ledreijo». Es el mismo hombre en los tres casos. Lo digo porque si cotejas y no lo encuentras, no es que me lo haya inventado: es que el propio documento no se pone de acuerdo consigo mismo.
Uno no salió al mes. Raúl Muñoz García estuvo ocho meses recluido, acusado de ser el responsable del remolcador y de haber organizado la fuga. Tenía veintitrés años. Cuando Amnistía escribió su informe seguía en arresto domiciliario, hostigado y bajo vigilancia policial.
Y ahora vuelve a leer la frase con la que el Ministerio del Interior cerraba su comunicado: «El principal líder ha sido encarcelado». Un sobreviviente declaró a Amnistía que Muñoz no era más que el segundo de a bordo, y que el que iba al mando se había ahogado aquella madrugada.
Es decir que el Estado no se limitó a llamar accidente a lo que hizo. Encarceló ocho meses a un hombre y lo presentó como el cabecilla, cuando según quien estaba a bordo el cabecilla estaba entre los cuarenta y uno.
Los sobrevivientes que se quedaron en Cuba siguieron bajo vigilancia policial y con la libertad de circulación limitada.
Ni un minuto de silencio
Esto no es una manera de hablar. Está en el informe.
La misa por las víctimas prevista en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús fue suspendida por las autoridades y el templo fue cerrado. Hubo personas detenidas por periodos cortos por llevar brazaletes negros en señal de duelo. Y en el segundo aniversario, en 1996, a Aida Rosa Jiménez le dijeron que rezara en su casa, y la advirtieron de que si intentaba ir a la iglesia ese 13 de julio, la detendrían.
Amnistía lo resume así: los sobrevivientes que siguen en Cuba y quienes han intentado esclarecer o simplemente conmemorar lo del 13 de julio han sufrido intimidación y acoso, y han recibido advertencias reiteradas para que no hablen en público de lo que ocurrió.
Treinta y dos años después, el aniversario se conmemora cada 13 de julio. Pero se conmemora en Miami, en las redes, en el exilio.
Un país donde no se puede hacer un minuto de silencio.
Los nombres
El expediente hace algo que el Estado cubano no ha hecho nunca: los nombra.
Leonardo Notario Góngora (27) · Marta Tacoronte Vega (36) · Caridad Leyva Tacoronte (36) · Yausel Eugenio Pérez Tacoronte (11) · Mayulis Méndez Tacoronte (17) · Odalys Muñoz García (21) · Pilar Almanza Romero (30) · Yaser Perodín Almanza (11) · Manuel Sánchez Callol (58) · Juliana Enriquez Carrasana (23) · Helen Martínez Enríquez (6 meses) · Reynaldo Marrero (45) · Joel García Suárez (24) · Juan Mario Gutiérrez García (10) · Ernesto Alfonso Joureiro (25) · Amado Gonzáles Raices (50) · Lázaro Borges Priel (34) · Liset Álvarez Guerra (24) · Yisel Borges Álvarez (4) · Guillermo Cruz Martínez (46) · Fidelio Ramel Prieto-Hernández (51) · Rosa María Alcalde Preig (47) · Yaltamira Anaya Carrasco (22) · José Carlos Nicole Anaya (3) · María Carrasco Anaya (44) · Julia Caridad Ruiz Blanco (35) · Ángel René Abreu Ruiz (3) · Jorge Arquímides Lebrijio Flores (28) · Eduardo Suárez Esquivel (39) · Elicer Suárez Plascencia · Omar Rodríguez Suárez (33) · Miralis Fernández Rodríguez (28) · Cindy Rodríguez Fernández (2) · José Gregorio Balmaceda Castillo (24) · Rigoberto Feut Gonzáles (31) · Midalis Sanabria Cabrera (19).
Y cuatro víctimas más que no pudieron ser identificadas.
Las edades también están en el expediente, y cambian cómo se lee la lista. La víctima más joven tenía seis meses. Helen Martínez Enríquez. Cindy Rodríguez Fernández tenía dos años, y aparece justo después de Miralis Fernández Rodríguez, de veintiocho: madre e hija. Lázaro Borges Priel de treinta y cuatro, Liset Álvarez Guerra de veinticuatro y Yisel Borges Álvarez de cuatro: padre, madre e hija. Yaltamira Anaya Carrasco de veintidós, José Carlos Nicole Anaya de tres y María Carrasco Anaya de cuarenta y cuatro: tres generaciones.
De Elicer Suárez Plascencia el documento no da la edad. Lo dejo así.
Y hay una cuenta que no cuadra, así que la digo yo antes de que la haga otro. El expediente afirma que diez de los muertos eran menores de edad, pero en la lista con nombres solo se pueden contar nueve. El décimo estará entre las cuatro víctimas que no pudieron identificarse, o será Elicer Suárez Plascencia, el único del que no consta la edad. No lo sé, y no voy a elegir una de las dos.
Lee los apellidos otra vez, despacio. Tacoronte aparece cuatro veces. Anaya, tres. Suárez, tres. Borges, dos. Perodín, dos.
No murieron cuarenta y una personas sueltas. Murieron familias.
Y hay un apellido en esa lista que ya habías leído más arriba, en otro sitio.
Jorge Arquímides Lebrijio Flores, veintiocho años. Es el único con ese apellido entre los cuarenta y uno.
El expediente no dice que fuera su hijo. Dice tres cosas por separado: que Arquímedes Venancio Lebrigio Gamboa sobrevivió, declaró y perdió un hijo cuyo cadáver nunca le entregaron; que entre los muertos hay uno solo con ese apellido, que además lleva el nombre del padre; y que el sobreviviente tenía cincuenta y dos años y el fallecido veintiocho.
No voy a afirmar lo que el documento no afirma. Dejo los datos donde el expediente los dejó, unos al lado de otros.
Por qué abro la serie con este caso
Esta serie parte de una idea sencilla: la historia de Cuba no se cuenta mal desde la isla. Se cuenta a medias. Hay episodios enteros que no se cuentan, y muchos cubanos no sabemos que ocurrieron.
Empiezo por el 13 de Marzo por tres razones.
La primera es que hay expediente. Esto no es la palabra de un exiliado contra la de un funcionario. Es un organismo internacional que abrió un caso, convocó a las dos partes, escuchó testimonios bajo procedimiento y publicó una conclusión con fecha, con número y con nombres. El Estado cubano tuvo la oportunidad de defenderse. Eligió no usarla, dos veces.
La segunda es que la versión oficial está dentro del propio documento. No hay que reconstruirla ni suponerla ni interpretarla. Está ahí, en sus propias palabras, y se puede contrastar frase por frase con lo que declararon los que estaban a bordo.
Y la tercera es la palabra. El régimen no negó que aquella noche murieran cuarenta y una personas. Eligió una palabra: accidente. Toda la maquinaria, la nota del ministerio, la presión sobre un padre en duelo, el silencio de treinta y dos años, existe para sostener una sola palabra.
Por eso este blog. No para gritar más alto. Para no dejar que esa palabra se quede.
Siguiente episodio. Está grabado: el derribo de Hermanos al Rescate: el 24 de febrero de 1996, los cuatro muertos de las avionetas, y una acusación federal treinta años después.
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